La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado hoy la nulidad de las cláusulas suelo si las entidades financieras no han informado a los clientes de forma “clara y destacada” antes de firmar el préstamo hipotecario.

El Tribunal Supremo rechaza así el incidente de nulidad interpuesto por BBVA y Cajamar contra su sentencia en la que anulaba las cláusulas suelo en los casos en los que se produzca una falta de transparencia, abriendo así la vía para que las entidades de crédito acudan al Tribunal Constitucional.

Al incidente de nulidad se adhirió NCG Banco. En concreto, el Supremo emitió una sentencia el pasado 9 de mayo en la que declaraba nulas las cláusulas de BBVA, de NCG Banco y de Cajamar por falta de transparencia. Las entidades decidieron retirar estas condiciones de sus contratos hipotecarios a raíz de dicha sentencia.

Hoy, los magistrados de la Sala de lo Civil del Supremo, reunidos en pleno, han decidido confirmar su primera resolución de mayo y rechazar los recursos interpuestos por Cajas Rurales Reunidas, SCC y BBVA y NovaCaixaGalicia Banco.

La sentencia del Supremo declaraba que las cláusulas suelo, en general, no eran nulas pero sí podían considerarse ilícitas cuando no contaran con los requisitos de transparencia exigibles.

No obstante, fuentes de BBVA han subrayado a Efe que la entidad dejó de aplicar estas cláusulas el 9 de mayo, tal y como establecía la sentencia del Alto Tribunal, por lo que la resolución del incidente de nulidad no tiene efecto sobre los clientes, que ya se han beneficiado de su retirada.

El auto dictado hoy señala que con la demanda original, interpuesta por Ausbanc, se alegó “la falta de conocimiento real del alcance de dichas cláusulas por parte de los consumidores y usuarios”. Los bancos, por su parte, defendieron la transparencia y claridad de las citadas cláusulas y de la actuación de las entidades bancarias.

El Supremo concluye en este sentido que su primera sentencia “no se apartó de las cuestiones debatidas en el proceso, que las partes tuvieron oportunidad de realizar alegaciones y prueba sobre las mismas y que el fallo no fue extraño a las pretensiones ejercitadas”.

Fuente: ” El Economista.com”

El Ministerio de Hacienda continúa con su objetivo de perseguir el fraude fiscal a toda costa. Con la intención de reducir la economía sumergida a su mínima expresión, va a intensificar la vigilancia sobre celebraciones cotidianas como las bodas, así como sobre las actividades de colegios y comunidades de vecinos.

Según informa hoy el diario Expansión, la Agencia Tributaria continúa con su plan de visitas de inspección, que ya dobló en 2012 el número de actuaciones con respecto al año anterior.

Así, ha ordenado a los inspectores que pongan el foco sobre posibles nichos de fraude a pie de calle. En esta lista se incluyen las bodas, bautizos y comuniones, para los que ya requiere información a los cónyuges sobre la contratación del restaurante donde se celebró el banquete, la floristería que se encargó de los adornos florales o el fotógrafo encargado de retratar el evento.

También están solicitando información a padres y colegios para llevar el control de los comedores escolares, servicio de transporte o pago a asociaciones.

Las comunidades de vecinos son otros de los puntos calientes en el que Cristóbal Montoro quiere acabar con el fraude. Según informa el rotativo, se van a llevar a cabo hasta 1.200 visitas “que tienen por objeto obtener información directa sobre los proveedores de servicios (fontaneros, albañiles, carpinteros…)”, y de los administradores de las fincas.

Según aseguró la vicepresidenta del Gobierno en octubre, el impacto económico de la lucha contra el fraude fiscal y a la Seguridad Social asciende a 22.500 millones de euros entre enero de 2012 y junio de 2013.

El plan de actuación puesto en marcha por el Gobierno es, en palabras de la vicepresidenta, el “más ambicioso” de la Democracia, y ha incorporado, entre otras medidas, un conjunto de instrumentos legislativos y nuevos mecanismos de control contra el fraude de todo tipo.

Y es que según indican informes recientes, la economía sumergida supone el 18,6% del PIB de España, incluyendo el empleo no declarado y el registro inadecuado de ingreso por ventas o prestaciones de servicios. Un elevado volumen de actividad en negro que, de ser erradicado, proporcionaría un aumento de la recaudación fiscal a las arcas del Estado de entre 60.000 y 80.000 millones de euros anuales, de acuerdo con el último boletín del Servicio de Estudios de La Caixa.

Fuente: “El Economista.com”